La autopista de cuarta generación nació coja y su terminación está en duda. A pesar no haber construido un solo kilómetro de la autopista, la ANI tiene listo un cuantioso pago pendiente por $161.105 millones.
El contrato de concesión de la autopista Santana-Mocoa-Pitalito-Neiva, paralizado desde hace cuatro años y once meses, seguirá ‘enredado’ a pesar del ‘plan remedial’ propuesto por la Agencia Nacional de Infraestructura para reactivarlo.
El contrato de concesión firmado el 18 agosto de 2015 registra desde el comienzo graves problemas estructurales que terminaron impactando la financiación y por lo tanto la viabilidad del proyecto de cuarta generación que demanda inversiones por 3,87 billones de pesos.
El contrato, firmado con el consorcio Infraestructura Vial y ejecutado por Aliadas para el Progreso, nació cojo desde el inicio.
El proyecto, según la Contraloría General de la República, no se desarrolla como fue pactado ni el concesionario ha cumplido con las obligaciones de financiación y fondeo de subcuentas del patrimonio autónomo, la columna vertebral, hoy fracturada.
Tampoco cumplió con el cronograma del plan de obras, con las actividades de operación y mantenimiento del corredor concesionado, ni con la actualización de las pólizas.
La no renovación de las garantías contractuales, impedirá que se pueda ejecutar la segunda fase del llamado ‘Plan Remedial’ contemplado como alternativa para terminar el proyecto. La primera etapa arrancó el 8 de junio y debe terminar el 30 de agosto.
La segunda fase, según el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Manuel Felipe Gutiérrez, probablemente se iniciará en agosto, con la entrada en operación del nuevo operador. Por ahora, ese camino, no está despejado.
Los enredos
Según la Contraloría, el plazo previsto para la fase de construcción preoperativa finalizó el 5 de septiembre de 2019, sin que se hubiese cumplido, entre otros aspectos, con la ejecución de las intervenciones previstas en el contrato.
Aunque se puso en marcha, un plan remedial, para atender una situación de emergencia, el proyecto se encuentra paralizado. Los trabajos de construcción, operación y mantenimiento están en cero, el servicio de atención al usurario (ambulancias, carro taller) están suspendidos; no se realizan actividades de remoción de derrumbes. En resumen, las actividades se han limitado solamente al recaudo de los peajes Altamira y Los Cauchos.
Pago pendiente
Increíble. A pesar no haber construido un solo kilómetro de la autopista, la ANI tiene listo un cuantioso pago pendiente para el concesionario.
El saldo del pasivo financiero registrado en la contabilidad a 31 de diciembre de 2019 asciende a $161.105 millones. Este valor debería corresponder al 37% del valor registrado en la hoja tabla de amortización.
“Sin embargo, se verificó que este valor no coincide porque el modelo contable incluyó un pago en el 2019 por $162.057 millones, pago que no se ha realizado, pero que no se actualizó en el modelo”, acotó.
Si bien contablemente no se tuvo en cuenta este pago toda vez que no ha sido efectuado, se evidencian las deficiencias de la herramienta (modelo) utilizada por la ANI.
LA NACIÓN