Dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en el Huila, fueron condenados. Los efectivos eran miembros de una banda delincuencial dedicada a robos. Los investigadores aceptaron los cargos y ‘negociaron’ con la Fiscalía.
A penas entre siete y cinco años de prisión fueron condenados dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en el Huila, un expolicía y un particular, integrantes de una banda delincuencial responsable no solo de hurtos a establecimientos de comercio, cooperativas financieras y viviendas en conjuntos residenciales sino de la casa cural en el municipio de El Pital.
La condena contra los investigadores y un particular fue impuesta por el Juez Segundo Penal del Circuito de Neiva con Funciones de Conocimiento, luego de legalizar el preacuerdo que suscribieron los procesados con el Fiscal Cuarto Seccional.
Se trata del entonces jefe de Seguridad de Sedes y Personas de la Seccional de Fiscalías en el Huila, Héctor Engelberth Rodríguez Salazar y el investigador Héctor Merardo Ramos Lozano, además del expolicía Jeison Esteven Acosta Ibarra y el particular Wilfredo Antonio Cruz Triana.
Los cuatro procesados decidieron ‘negociar’ con el fiscal la pena, al conocer las pruebas técnicas, testimoniales y documentales en su contra. “Los elementos materiales de prueba permiten inferir que la conducta desplegada por los acusados, debe, tenerse como un hecho probado…”, dijo el togado.
La sentencia señala que Rodríguez Salazar fue condenado a siete años de prisión, al ser hallado responsable de los delitos de concierto para delinquir, hurto simple, peculado por uso y asesoramiento.
Mientras que Ramos Lozano fue sentenciado a cinco años y seis meses de prisión, por el delito de concierto para delinquir y beneficiado con prisión domiciliaria “teniendo en cuenta no solo la condición grave de salud, sino que se exoneró de cauciones prendarias a quienes sean beneficiados de la prisión domiciliaria transitoria, debido a la situación actual del país con la pandemia del COVID-19”, explicó el togado.
Entre tanto el ex policía Acosta Ibarra fue condenado a siete años y seis meses de prisión al ser hallado responsable de los delitos de concierto para delinquir y hurto simple. “Tiene antecedentes penales, le figura una sentencia condenatoria por el delito de falsedad personal y hurto. Se encontraba gozando la suspensión condicional de ejecución de la pena, con un periodo de prueba de dos (2) años, desde el 18 de julio de 2018”.
El particular Cruz Triana debe pagar una pena de siete años y seis meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir y hurto simple.
Los cuatro condenados para poder que el preacuerdo fuera legalizado por el juez, debieron reparar a la víctima, la Cooperativa Coocentral y consignaron $8’.635.000.
Rol de los condenados
El fiscal del caso, manifestó que la organización delictiva perpetró asaltos desde septiembre de 2018 y lo corrido del año 2019, para los cuales fue utilizada una camioneta Chevrolet Dimax blanca, de placa GAO-012 asignada a la Fiscalía. “Las pruebas recolectadas indican la plena participación de la camioneta Dimax, con fines delincuenciales”.
Según el fiscal, el jefe de seguridad Rodríguez Salazar, tenía la facultad de facilitar el transporte con vehículos oficiales, “acceder a sistemas de información de fiscalía para dar a conocer procesos y los estados de los mismos a nombre de personas requeridas por la organización”.
Agregó que el funcionario el 29 de julio de 2019, dio una alerta a Héctor Merardo y a Jeison de la investigación que había en contra de ellos. “Había recibido información de un abogado, quien le comentó que los están investigando por concierto y que les iban a dar órdenes de captura…”.
Precisó el delegado de la Fiscalía que Rodríguez Salazar, el 15 de junio de 2019 participó en el hurto a la Cooperativa Coocentral en el municipio de Pital.
Sobre Ramos Lozano, señaló el fiscal que, sus funciones en la banda eran de obtener información sobre potenciales objetivos de delitos de hurto, “acceder a los sistemas de información de la Fiscalía para dar a conocer procesos y los estados de los mismos de personas requeridas por la actuación delictiva”.
El investigador participó en el robo a un local comercial ubicado en la calle 19 con calle 11 en el barrio Sucre en el municipio de Girardot (Cundinamarca).
Mientras que el expolicía Acosta Ibarra era la ficha clave para enlazar, conectar, coordinar o ser puente con autoridades civiles o uniformadas de la Policía “para propiciar y concretar actos de corrupción con los organismos de seguridad del Estado a través de servidores y funcionarios activos de la fiscalía general de la Nación, de la policía nacional, del ejército nacional y de la DIAN, en pro de la actividad delincuencial para hurtar, estafar y extorsionar en todas las modalidades”, manifestó el fiscal del caso.
Agregó que en mayo de 2019 participó en el hurto a la Cooperativa Coocentral ubicada en la carrera Quinta en el municipio de Garzón, además del robo a una residencia en la Carrera Quinta con calle Primera en el barrio Santa Teresa de Garzón y hurto al almacén Global Agro en la vía que de Gigante conduce a Zuluaga.
Mientras que Cruz Triana, era el encargado de usar herramienta para violentar cerraduras y las cajas fuertes. El 28 de abril de 2019, hurto a establecimiento comercial ubicado en la calle 19 con carrera 1 del barrio Sucre de Girardot (Cundinamarca), en dos robos a la Cooperativa Coocentral en El Pital, en los meses de mayo y junio de 2019.
TOMADO DEL DIARIO LA NACIÓN.
