Por un imperdonable olvido, la Agencia Nacional de Desarrollo Rural perdió la oportunidad procesal para recuperar los dineros públicos, pagados y no ejecutados por socios del grupo Nule. El Consejo de Estado les cerró las puertas para reclamar por el error.
Aunque parezca increíble, la Agencia de Desarrollo Rural (antes Incoder) perdió la oportunidad procesal para recuperar los dineros pagados y nunca devueltos por el primer contrato para la construcción del distrito de riego Tesalia Paicol, uno de los más caros del mundo. Las inversiones ejecutadas ascienden a 223.994 millones de pesos,
Por un inexcusable olvido, la entidad oficial dejó vencer los términos y no pudo concurrir en un trámite de la demanda arbitral que se despejó para uno de los contratistas y por lo tanto, perdió la oportunidad para reclamar la devolución de los dineros que se pagaron por obras nunca ejecutadas.
Los recursos de última hora instaurados para intentar salvar la reclamación o subsanar el descomunal descuido, de nada sirvieron.
El Consejo de Estado rechazó una tutela y luego confirmó en segunda instancia la decisión instaurada contra la alta corporación. Tampoco sirvió un incidente de nulidad instaurado en el Tribunal Administrativo del Huila donde se tramita la demanda contractual.
El consorcio Interriego, uno de los grandes socios del grupo Nule, según la Contraloría, debe reembolsar debidamente indexados, 16.191 millones de pesos, cobrados por obras jamás ejecutadas en el fallido distrito Tesalia-Paicol, actualmente paralizado.
El consorcio conformado por las firmas Mondragón Soluciones (con el 53 %) y H&H Arquitectura (hoy Hidrus S.A) con el 43%, recibió uno de los más grandes contratos para ejecutar el soñado proyecto.
Tras el descalabro financiero originado por el escándalo de corrupción en Bogotá no logró ejecutar el proyecto. Tampoco devolvió la totalidad de los recursos que le giraron para acometer el proyecto de irrigación, convertido en el rey de la manada de elefantes blancos que pululan por el Huila.
La Agencia de Desarrollo Rural (antes Incoder) instauró en abril de 2009 la demanda contractual contra el contratista, su aseguradora Fianzas S.A y contra el consorcio INAR Asociados encargado de la interventoría.
La demanda contractual pretende la devolución del valor de los saldos que le adeudan, según el acta de liquidación por mutuo acuerdo del contrato de obra No. 695 de 2009, suscrita por las partes contratantes el 10 de octubre de 2014. Adicionalmente, que pague el anticipo no amortizado, los rubros imprevistos no ejecutados, la cláusula penal pecuniaria y el contrato de interventoría.
LA NACIÓN