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Por covid-19, las cr铆ticas del fiscal Francisco Barbosa a la estrategia de excarcelaci贸n del gobierno

La Fiscal铆a General de la Naci贸n manifest贸 sus cr铆ticas a la estrategia de excarcelaci贸n del Gobierno, en medio de la emergencia por el coronavirus. El Ejecutivo hace cuentas para ver c贸mo consigue sacar gente de las c谩rceles y el ente acusador, en documento conocido por Semana Noticias, hace sus reparos. Las papas calientes del decreto que busca…

La Fiscal铆a General de la Naci贸n manifest贸 sus cr铆ticas a la estrategia de excarcelaci贸n del Gobierno, en medio de la emergencia por el coronavirus. El Ejecutivo hace cuentas para ver c贸mo consigue sacar gente de las c谩rceles y el ente acusador, en documento conocido por Semana Noticias, hace sus reparos.

En el documento se帽ala que los requisitos propuestos en el borrador del decreto desconocen o ampl铆an los requisitos para que, en condiciones normales, las personas privadas de la libertad puedan solicitar la prisi贸n domiciliaria o la sustituci贸n de la medida de aseguramiento en su lugar de residencia. Tambi茅n advierte que el Cuerpo T茅cnico de Investigaci贸n (CTI) no puede volverse un cuerpo de custodia de los internos y que la detenci贸n domiciliaria masiva no es una medida sanitaria ni protege adecuadamente la salud de los internos.

SEMANA inform贸 que la epidemia del virus sorprendi贸 al pa铆s con 124.000 internos en los centros penitenciarios, cuando la capacidad real es de 80.000. En este momento, el reporte oficial es de cero contagios. En el documento de 17 p谩ginas, el fiscal general, Francisco Barbosa, hizo duros cuestionamientos a la estrategia planteada por el Gobierno frente a la declaratoria de emergencia carcelaria y la posible excarcelaci贸n de internos por cuenta de la pandemia de coronavirus. Barbosa, en el oficio enviado al presidente Iv谩n Duque, a la ministra de Justicia Margarita Cabello y a los presidentes de las altas cortes, es contundente al afirmar que 鈥渘o existe una explicaci贸n sobre por qu茅 la reducci贸n temporal de las personas privadas de la libertad evita la propagaci贸n del virus”.

La misiva dice que la detenci贸n domiciliaria terminar铆a con traer “cargas para el Estado” porque el recluso contin煤a privado de la libertad (en su domicilio), pero a 贸rdenes del Estado y es responsable por el contagio del procesado y de su familia. “Esta medida no evita ni reduce el riesgo de propagaci贸n de covid鈥19. Las medidas no garantizan el goce del derecho fundamental a la salud. La decisi贸n de conceder la detenci贸n y la prisi贸n domiciliaria transitoria en el lugar de residencia a los PPL con las enfermedades referidas no es una acci贸n que por s铆 sola disminuye la necesidad de hospitalizaci贸n o la mortalidad en caso de adquirir la covid鈥19, si no se garantiza control y seguimiento de esta poblaci贸n, y tampoco garantiza por s铆 mismo el cumplimiento del goce efectivo del derecho fundamental a la salud, dadas las condiciones del sector ante la emergencia sanitaria, principalmente porque la 煤nica acci贸n en salud es su afiliaci贸n al Sisben”.

En concepto del ente acusador, los requisitos del borrador planteado por el Gobierno desconocen o ampl铆an los requisitos que en condiciones normales las personas privadas de la libertad puedan solicitar: la prisi贸n domiciliaria o la sustituci贸n de la medida de aseguramiento en su lugar de residencia insiste en que las medidas no evitan la propagaci贸n de covid-19. En su carta, el fiscal es contundente al decir que la sustituci贸n masiva de la medida intramural pone en peligro la seguridad ciudadana porque, frente a los que est谩 sucediendo, “puede alentar la criminalidad al propiciar una sensaci贸n generalizada de impunidad. En ese orden de ideas, la medida se aprecia como absolutamente desproporcionada, por carencia de idoneidad”.

El fiscal general tambi茅n explica que el decreto no establece un plan o protocolo o prevenci贸n, detecci贸n, diagn贸stico y tratamiento, “sino que busca conjurar esta problem谩tica situaci贸n a partir de la concesi贸n de los beneficios de detenci贸n domiciliaria”. En ese sentido, dice, las facultades extraordinarias entregadas al presidente de la rep煤blica en virtud del estado de emergencia “estar铆an siendo usadas para resolver un problema estructural (el hacinamiento carcelario y penitenciario), y no para afrontar la coyuntura sanitaria actual, lo que evidencia la ausencia de conexidad de las medidas adoptadas con la finalidad material del proyecto de decreto”.

Frente al decreto, dice el fiscal que no se le pueden atribuir funciones al Cuerpo T茅cnico de Investigaci贸n CTI, como ser铆an la vigilancia o control de los internos que est茅n bajo detenci贸n domiciliaria, porque sus funcioes est谩n en las investigaciones de los procesos penales y esto no se puede dejar de lado ni interrumpirse.

Estas son las conclusiones y recomendaciones del fiscal general al Gobierno:

1. Las medidas que se adopten deben orientarse a resolver la coyuntura y no los problemas estructurales del sistema penitenciario. Las medidas que se tomen con respecto a la prevenci贸n de contagio de la covid-19 para la poblaci贸n privada de la libertad con medida de aseguramiento, detenci贸n preventiva o en cumplimiento de una sentencia, deben estar dirigidas 煤nicamente a la declaratoria del Estado de Emergencia Econ贸mica y Social contenida en el Decreto 417 de 2020. En ning煤n caso, los instrumentos de transitoriedad pueden ser utilizados para solucionar problemas estructurales del hacinamiento carcelario, los cuales deben ser objeto de medidas permanentes y correspondientes al marco jur铆dico ordinario.

2. Consulta a las autoridades relevantes en materia de pol铆tica criminal. Las medidas transitorias deber铆an ser consultadas con el Consejo Superior de Pol铆tica Criminal y la Comisi贸n Interinstitucional de la rama judicial, quienes pueden buscar mecanismos para sesionar virtualmente y tomar decisiones urgentes.

3. Aplicaci贸n de las facultades que tiene el director del Inpec para proponer medidas. Dentro de las medidas para proteger a la PPL, se pueden acudir a los beneficios administrativos contemplados en los art铆culos 146, 147A, 148 y 149 del C贸digo Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993), previa aprobaci贸n de los Jueces de Ejecuci贸n Penas y medida de seguridad conforme el art铆culo 38, numeral 5 de la ley 906 de 2004 y del art铆culo 79 de la ley 600 de 2000, numeral 5, este 煤ltimo declarado exequible por la Corte Constitucional C312 de 2002. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que el INPEC bajo la declaratoria del Estado de Emergencia Carcelaria, ocurrido el 22 de marzo de 2020, mediante la Resoluci贸n 001144, cuenta con las facultades necesarias para trasladar, reubicar, coordinar con autoridades sanitarias atenci贸n especial, entre otras medidas necesarias para responder al estado de emergencia generado por la covid-19 en los establecimientos penitenciarios.

4. Aplicaci贸n del beneficio de libertad condicional. Una segunda medida razonable ser铆a la aplicaci贸n efectiva del beneficio de libertad condicional establecido en el art铆culo 64 del C贸digo Penal. Este beneficio supone que se verifique, entre otros, el buen comportamiento y el arraigo familiar y social. El punto cr铆tico en este caso es que se requiere que las solicitudes se tramiten de manera expedita y que incluso se descongestionen las que ya est谩n presentadas a la espera de una decisi贸n. En esta materia, mediante un Decreto Legislativo se podr铆an adoptar medidas de descongesti贸n e incluso flexibilizaci贸n de algunos requisitos que se requieran. Algo similar podr铆a definirse en relaci贸n con los mecanismos actuales de prisi贸n domiciliaria de acuerdo con las reglas del C贸digo Penal.

5. Focalizaci贸n de beneficios adicionales a los establecidos en el r茅gimen actual en crimen no violento. En caso de que se consideren beneficios adicionales a los establecidos en el r茅gimen vigente, estos deber铆an concentrarse en delitos no violentos con penas inferiores a a帽os 5 a帽os. Este r茅gimen, en todo caso, requerir铆a exclusiones como las de el concierto para delinquir que se usa en casos de terrorismo y delincuencia organizada, y los delitos de violaci贸n de medidas sanitarias y propagaci贸n de epidemia, que son cr铆ticos en la coyuntura para garantizar el cumplimiento de las medidas de confinamiento.

6. Protecci贸n de los derechos humanos de la PPL y ejercicio de la posici贸n de garante del Estado. Las medidas domiciliar铆as transitorias que se aplicar铆an por cuenta de los instrumentos mencionados requieren que, en todos los casos, se valoren las necesidades de protecci贸n alimentaria y en salud de estas personas. En estos casos, las medidas se aplicar铆an en un momento cr铆tico de la econom铆a, por lo que no puede haber una expectativa razonable de que estas personas puedan involucrarse en una actividad productiva. Por esta raz贸n, se deben adoptar medidas para garantizar la alimentaci贸n de quienes sean beneficiarios de las medidas y, no s贸lo su afiliaci贸n al r茅gimen subsidiado de salud, sino un seguimiento m铆nimo de su estado de salud.

7. Definici贸n de lugares adecuados para atender los casos de las personas sin un domicilio. Es posible que algunas de las personas que sean potencialmente beneficiarias de las medidas no cuenten con un domicilio para que estas puedan ser ejecutadas. En estos casos se debe disponer de lugares adecuados para alojar temporalmente estas personas. Para ello se deber铆an considerar al menos dos fuentes de financiaci贸n. De un lado, los recursos de la Uspec que cuenta actualmente con proyectos de inversi贸n de este tipo y con dinero para financiarlos (y que en el pasado ha tenido una baj铆sima ejecuci贸n presupuestal). Adicionalmente, se podr铆an considerar bienes a cargo de la SAE que puedan ser adaptados r谩pidamente para esta finalidad.

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