El Estado debe indemnizar a los familiares de dos víctimas civiles, ultimadas en un supuesto combate ocurrido en Acevedo (Huila). Según la versión oficial los dos trabajadores informales se enfrentaron a un pelotón, pero terminaron acribillados por la espalda.
Manuel Antonio Suárez Benavidez, ‘El Cacharrero’ y un joven cotero, dedicado a descargar camiones en la plaza de mercado de Pitalito, aparecieron muertos en una zona rural de Acevedo el primero de diciembre de 2007.
El primero vivía con sus hermanos en el barrio La Gaitana y se desempeñaba como vendedor ambulante. El segundo, Carlos Uriel Motta Escarpeta vivía en un sector popular y tenía antecedentes de drogadicción.
El 28 de noviembre de 2007, cuando el vendedor callejero regresaba de su trabajo, dos individuos en motocicleta, lo siguieron hasta su lugar de residencia, parqueándose frente a la misma por espacio de una hora. Luego se fueron.
Dos días después, el 30 de noviembre de 2007, salió a trabajar y nunca regresó. Al día siguiente apareció muerto con tiros de fusil propinados por miembros del Ejército Nacional, pertenecientes al Batallón Magdalena. En el mismo sitio encontraron el cadáver del estibador, lleno de plomo.
Según el parte militar, los dos hombres fueron abatidos en combate, en la vereda el Cristo Rey en Acevedo.
El comunicado oficial, suscrito por el teniente Edwin Cárdenas León, el choque armado se registró en desarrollo de un operativo contra un grupo de extorsionistas.
El mismo oficial señaló que horas antes, un comerciante de café de Acevedo, había reportado un supuesto asalto perpetrado por varios hombres armados, despojándolo de los documentos de su camioneta y de 500 mil pesos.
El atraco habría ocurrido el 30 de noviembre de 2007. Ese mismo día pusieron en marcha el operativo.
La versión oficial
“Aproximadamente a las 4:50 de la mañana, en zona rural del municipio de Acevedo se produjo el combate. Los sujetos al detectar la presencia de la tropa, reaccionaron disparando. Estaba oscuro. Los soldados reaccionaron de igual forma, guiados con la luz que producían los disparos, ya que las condiciones del tiempo no permitían mayor visibilidad”, precisó el comunicado oficial.
Según familiares de las víctimas, Manuel Antonio Suárez Benavidez y Carlos Uriel Motta Escarpeta no tenían arraigo familiar y se dedicaban a la venta ambulante o a consumir y vender droga. En estas condiciones no era creíble que pertenecieran a un grupo armado al margen de la ley, como indican los militares.
Además, las pruebas técnicas contradecían la versión oficial. En los cadáveres se apreciaban múltiples heridas por debajo de las prendas de vestir, y ninguna de las heridas que recibieron fue en sentido antero-posterior.
“Del informe de necropsia médico legal se aprecia que recibió impactos de arma de fuego cuya trayectoria son en sentido postero – anterior, es decir, por la espalda, lo cual descarta el enfrentamiento entre la víctima y el ejército y confirma que se trató de un homicidio agravado en persona protegida o falso positivo”, alegó el apoderado de las víctimas.
“En conclusión, dijo, los disparos de fusil que causaron la muerte fueron a corta distancia; el cuerpo presentaba tatuaje de pólvora, lo que prueba que recibió los disparos a corta distancia y en el cadáver se aprecian múltiples heridas por debajo de las prendas de vestir y signos de tortura antes de la muerte”.
LA NACIÓN