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INVESTIGAN FALLAS EN MEGACOLEGIO DE SALADOBLANCO

La institución educativa ‘Misael Pastrana Borrero’ registra un deterioro prematuro, en algunos sectores, aparentemente, por baja calidad de los materiales utilizados.  Los contratistas, el interventor y la ex alcaldesa Zuleima Peña, llamados a responder.

La Contraloría General de la República denunció posibles fallas por mala calidad de los materiales utilizados en la construcción del megacolegio ‘de Saladoblanco.

La obra, inaugurada hace seis años, costó 4.626 millones de pesos y fue construida en diez meses, como estaba pactado. Sin embargo, actualmente, registra un deterioro prematuro, aparentemente por fallas en el sistema constructivo y mala calidad de los materiales.

Por lo menos, así lo determinó el organismo de control, en una inspección de la obra realizada el año pasado.

El contrato No. 01 del 22 de 2013, fue ejecutado por el consorcio Megacolegio conformado por Rafael Tierradentro Hortúa y Diego Fernando Jaime Escobar, quienes entregaron la obra, sin ningún reparo. Sin embargo, los desperfectos se hicieron notar con las primeras lluvias que se presentaron en la zona.

Las quejas fueron elevadas por la comunidad educativa, sin que fueran subsanados los daños, lo que originó la intervención de la Contraloría.

El organismo llamó a responder a los contratistas, al consorcio interventor, al supervisor y a la ex alcaldesa de Saladoblanco, Zuleima Peña Valenzuela, por un presunto detrimento patrimonial, superior a los 80 millones de pesos.

La decisión está contenida en el Auto 580 que dispuso la apertura del proceso de responsabilidad fiscal PRF-2019-00002.

Deterioro prematuro

La edificación consta de tres módulos (administración, aulas y restaurante escolar) los cuales, según el informe técnico, se “encuentra en aceptables condiciones constructivas” y en pleno goce y disfrute de unos 1.200 estudiantes de la localidad.

Las fallas y los desperfectos de la institución en algunos sectores fueron detectados durante una inspección técnica realizada en julio de 2019.

Los investigadores confirmaron el deterioro prematuro en varias partes de la infraestructura, al parecer, causado por la presencia de goteras en algunas áreas del segundo piso del área administrativa y en el restaurante escolar.

“Se observa el deterioro del recubrimiento realizado en súper board de los bajantes de aguas lluvias. Es notorio el deterioro producido en las pinturas de las fachadas por las condiciones ambientales y climáticas por falta de mantenimiento rutinario”, reseña el documento oficial en poder de LA NACIÓN.

También se evidenció el menoscabo de los acabados de fachadas internas del patio central del módulo de aulas, ocasionado, al parecer, por la falta de un canal para recolectar las aguas lluvias que no se ejecutó.

Omisiones

Las fallas no fueron detectadas a tiempo y se firmó sin observaciones, el acta de recibo final de obra suscrita el 28 de noviembre de 2014, lo que demostraría la ausencia de una interventoría rigurosa, según el órgano de control.

“La falta de control y seguimiento tanto de la supervisión como de la interventoría durante la etapa contractual y las practicas constructivas del contratista han conducido a la ocurrencia de deficiencias por mala calidad de obra en algunos ítems del contrato ejecutado, tales como goteras en algunos sectores de la cubierta y desperfectos en los acabados de los recubrimientos de las bajantes de aguas lluvias en las fachadas”, reportó el peritaje realizado 12 de julio de 2019.

“Lo anterior conlleva a que la obra ejecutada no esté cumpliendo con los fines y objetivos, afectando el patrimonio del Estado, según los ítems de obra con mala calidad por un valor de 80,18 millones de pesos”, concluyó el organismo fiscalizador.

La otra cara

La alcaldesa de la época, Zuleima Patricia Peña Valenzuela, a quien le endilgaron parte de la responsabilidad, se defendió, argumentando que la obra se construyó como fue contratada y atribuyó los daños  al desgaste por el uso.

“La instalación de la cubierta según los planos y lo contrato. Esta cubierta se instaló hace aproximadamente cinco años, periodo de tiempo en el cual ha estado expuesta a las inclemencias del tiempo como son las lluvias y las altas temperaturas”, explicó la mandataria, cuyo mandato culminó el 31de diciembre del año pasado.

No obstante, la ex mandataria Peña Valenzuela terminó responsabilizando al cambio climático por los daños ocasionados a megacolegio, en pocos años de funcionamiento.

“Estas goteras y filtraciones de agua que se presentan en la cubierta, ha sido en los últimos dos años y medio aproximadamente y uno de los motivos principales se debe a las fuertes lluvias acompañadas de fuertes vientos que se han venido presentando lo cual no es normal en esta zona del país, lo cual se debe al cambio climático”, explicó.

La ex alcaldesa anunció recursos por 60 millones de pesos para reparar la cubierta, realizar la adecuación y el mantenimiento de los muros. Pero no lo hizo.

“Estas explicaciones no desvirtúan el cargo. Estas estructuras deben haber sido diseñadas y construidas para resistir todas las inclemencias del clima. El recubrimiento de los bajantes se hizo con materiales no duraderos, ocasionando un deterioro prematuro por el uso cotidiano”, apuntó el contralor provincial de Neiva, Edwin Cante Puentes.

“En estas circunstancias, agregó, se encuentran plenamente identificados los presupuestos necesarios para ordenar la apertura del proceso de responsabilidad fiscal, al encontrarse establecida la existencia de un daño patrimonial al Estado”.

La falta de control y seguimiento tanto de la supervisión como de la interventoría durante la etapa contractual y las prácticas constructivas del contratista del proyecto han conducido a la ocurrencia de deficiencias por mala calidad de obra en algunos ítems del proyecto.

A versión libre

Por su probable responsabilidad la Contraloría General llamará a responder a los contratistas Rafael Tierradentro Hortúa y Diego Fernando Jaime Escobar, miembros del al consorcio Megacolegio, encargados de la ejecución de la obra pública.

Igualmente vinculó al consorcio Saladoblanco 2013, integrado por Juan Carlos Roa Rojas y Diego Fonseca Chávez, encargado de la interventoría.

Por este mismo caso será vinculada la ex  alcaldesa Zuleima Patricia Peña Valenzuela por “su falta de diligencia en el mantenimiento adecuado sede educativa”.

Aunque la funcionaria anunció  recursos para realizar el mantenimiento y la reparación “no aportó prueba de ello y a la fecha no existe prueba que se haya realizado mantenimiento alguno”, explicó, el gerente departamental de la Contraloría, Camilo Ernesto Chacón.

Además, el supervisor del contrato Jorge Raúl Erazo Chávarro, quien suscribió el acta de liquidación del contrato el 30 de diciembre de 2014, sin ningún reparo.

Los probables responsables fueron llamados a rendir versión libre sobre los hechos, para determinar el grado de participación en los hechos objetos de la investigación.

LA NACIÓN 

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