Judicial

ENTES DE CONTROL SE OPONEN A CASA POR C√ĀRCEL PARA CARLOS ALBERTO MURCIA

Ante la Juez Segunda Municipal de Garzón con funciones de control de garantías, se presentó la defensa de Carlos Alberto Murcia Méndez, con la pretensión de solicitar prisión domiciliaria para el alcalde electo capturado y recluido en la cárcel de Garzón por corrupción electoral en elecciones del municipio del Agrado.

El pasado martes 28 de Julio en horas de la tarde, la defensa de Carlos Alberto Murcia Méndez, sustentó la solicitud de revocatoria y/o sustitución de la medida de aseguramiento intramural para su defendido. Su pretensión es sacar de la cárcel a Murcia Méndez para que cumpla la medida de aseguramiento desde su casa.

La medida fue solicitada a pesar de que la fiscal y el procurador se opusieran, porque seg√ļn ellos ‚Äúla privaci√≥n de la libertad en establecimiento de reclusi√≥n sigue siendo necesaria para proteger a la comunidad y evitar la obstrucci√≥n de la justicia‚ÄĚ.

Los delitos cometidos

El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, el 12 de diciembre de 2019, dio captura a Carlos Alberto Murcia Méndez, Alcalde electo del municipio del Agrado, a la ex Рalcaldesa de este municipio, Waldina Losada Vega y a la concejala reelecta Bertilda Ramírez Valderrama, luego de recopilar pruebas contundentes y audios que evidencian la presunta actividad delincuencial que planearon a través de la empresa criminal que se conformó para cometer estos delitos contemplados en el Código Penal Colombiano.

Concierto para delinquir, fraude en inscripción de cédulas y corrupción al sufragante, fueron los delitos que la Fiscalía imputó a los tres representantes políticos del partido conservador en este municipio del Huila, estos hechos ocurrieron antes, durante y después de los comicios electorales en los que resultó electo, el candidato avalado por este sector político.
Carlos Murcia y Waldina Losada Vega en audiencia. Foto Captura vídeo: Gigante РNoticias

La pretensión de Carlos Murcia

Para el solicitante, la presentación del escrito de acusación por parte de la Fiscalía cierra la oportunidad procesal investigativa, razón por la cual su demandante no podría afectar la buena marcha de la misma; de igual forma, la defensa aseveró que se puede inferir razonablemente que desaparecieron los requisitos de que trata el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal РCPP y/o es suficiente para el cumplimiento de los fines de la medida de reclusión en el lugar de residencia art. 314 CPP y aporta algunos documentos e información para sustentarlo.

Los documentos presentados por la defensa del alcalde recluido en la c√°rcel de Garz√≥n fueron: Registro Civil de Nacimiento de su representado y familiares; copia de recibo de servicio p√ļblico domiciliaria; certificaci√≥n expedida por la rectora de la instituci√≥n educativa La Merced (t√≠a del imputado) para dar fe de su buen comportamiento; certificados de no antecedentes de ninguna √≠ndole; declaraciones extra juicio de agradunos y simpatizantes pol√≠ticos, que indican que el procesado no es un peligro para la sociedad; escrito de acusaci√≥n y adici√≥n presentada por la Fiscal√≠a General de la Naci√≥n; y por √ļltimo anexa el auto del primero de julio de 2020, por medio del cual en juzgado primero penal del Circuito de Garz√≥n sustituyo la medida de aseguramiento a las coprocesadas Waldina Losada y Bertilda Ram√≠rez, tambi√©n procesadas por corrupci√≥n electoral.

Solicitan mantener medida de reclusión

Las partes y demás intervinientes se opusieron a la pretensión principal de revocatoria y a la subsidiaria de sustitución de medida, por considerar que los elementos entregados por el solicitante no son suficientes y para nada tienen que ver con las razones que soportaron la decisión del juzgado municipal de garantías de Neiva que impuso la medida, la cual fue ratificada 4 meses después por el Juzgado del Circuito de Neiva Huila.

Las instituciones solicitaron mantener la medida de reclusión carcelaria por considerar que el privado de la libertad puede obstruir la justicia y en esa medida también se constituye un riesgo inminente para la comunidad y la víctima.

Postura de la Fiscalía

La Fiscal Especializada se refirió a la decisión del Juzgado Primero Penal del Circuito de Garzón aportada por el solicitando, aclarando que se pretende que con fundamento en la misma se tome le decisión del asunto y si bien del claro el respeto a la autonomía de las decisiones judiciales resaltó:

‚ÄúLa argumentaci√≥n plasmada para su otorgamiento, se acerca m√°s a aquella que un familiar podr√≠a expresar que su ser querido salga de la c√°rcel y regrese de la casa, independientemente de las conductas en las que ha incurrido‚ÄĚ.

‚ÄúEsa argumentaci√≥n, se√Īora Juez, de manera respetuosa pero contundente, debo afirmar que ni siquiera se acerca a la realidad procesal, ni siquiera tuvo en cuenta un solo elemento de convencimiento de los que se esgrimieron en la audiencia. En ese entonces la defensa ni siquiera cumpli√≥ con la carga argumentativa que le correspond√≠a‚ÄĚ.

‚ÄúPero tampoco acredit√≥ debidamente las exigencias del art√≠culo 314 para conceder una detenci√≥n domiciliaria. Se qued√≥ en el escenario de una suposici√≥n de que eran unas personas honestas que hab√≠an contribuido con el bienestar de la comunidad. Ojal√° hubieran dedicado, aun cuando fuera una cuarta parte del empe√Īo que tuvieron para planear este atentado contra los mecanismos de participaci√≥n democr√°tica, en luchar verdaderamente por su pueblo.

‚ÄúLos innumerables audios, dan cuenta de c√≥mo dentro de esa organizaci√≥n exist√≠an unos roles, unas tareas, de c√≥mo se descalificaban a los ciudadanos, de c√≥mo les castigaban por no ser partidarios pol√≠ticos, dan cuenta de los dineros que recibi√≥ Carlos Alberto Murcia, que no ingresaron a su campa√Īa pol√≠tica‚Ķ dan cuenta de que no fueron reflejados en su contabilidad‚Ķ pero adicionalmente, dan informaci√≥n de que Carlos Alberto Murcia luego de su campa√Īa, estaba entregando d√°divas, materiales y dineros a los que se hab√≠an comprometido en su campa√Īa pol√≠tica y que sin lugar a dudas, ello permite hacer un pron√≥stico de que estando en su cargo de Alcalde, realizar√° conductas, en que sin lugar a dudas se involucran los recursos p√ļblicos‚ÄĚ.

‚ÄúEn un sinn√ļmero de conversaciones legalmente allegadas a la investigaci√≥n, de interceptaciones por m√°s de cinco meses, en plena campa√Īa, de manera descarada y grosera hablaban como usaban los programas estatales solo a favor de quienes los apoyaban en las urnas‚ÄĚ.

‚ÄúEn audiencia, esas personas conocieron que Carlos Alberto Murcia M√©ndez, no es un egresado de la Instituci√≥n Educativa del Agrado del que se pueda hacer gala, todo lo contrario, es el estudiante a partir del cual sus maestros se interrogar√°n por qu√© se equivocaron tanto‚ÄĚ.

‚ÄúSe√Īora Juez, convencida de la imparcialidad, independencia y autonom√≠a de su se√Īor√≠a, le solicito respetuosamente, apartarse de esa determinaci√≥n‚ÄĚ.

‚ÄúSi es un peligro para la comunidad‚ÄĚ

De esta manera, la Fiscal exhort√≥ a los ciudadanos que declaran a favor de Murcia, que el peligro para la comunidad no solo lo representa, quien mata, quien viola, o quien comete delitos que se publican en medios amarillistas todo el tiempo. Este es un peligro peor, un acto de quien utiliz√≥ los recursos de su municipio y del Estado, para llegar a como diera lugar a esa alcald√≠a; este peligro es el que genera desigualdad y pobreza en las regiones y adem√°s atenta contra la democracia, el Estado y los mecanismos de participaci√≥n en Colombia, se√Īal√≥.

En su participaci√≥n adem√°s indica el ente investigador, que los audios evidencian a los implicados, corrompiendo contratistas para que financiaran la campa√Īa pol√≠tica, orquestando con otros funcionarios la interinidad que ronda en el municipio.

Adem√°s de manifestar que se pretend√≠a obstruir la administraci√≥n de justicia para que los documentos p√ļblicos que requer√≠a la fiscal√≠a no fueran entregados, y trav√©s del poder pol√≠tico de altos dirigentes torpedear e impedir la investigaci√≥n que se llevaba a cabo.

‚ÄúNo hay un solo declarante que hoy se atreva dar una recomendaci√≥n del electo alcalde, hoy conocen que no es una persona comprometida con el pueblo y no tiene una vocaci√≥n de servicio, si no de sus intereses particulares, los intereses de Waldina Losada, ex ‚Äď alcaldesa de este municipio y los intereses de contratistas que seguir√°n desangrando los recursos p√ļblicos‚ÄĚ, manifest√≥ la Fiscal.

El argumento de Procuraduría

El Ministerio P√ļblico en su intervenci√≥n, hace referencia a lo que tiene que ver con la revocatoria o sustituci√≥n de la medida de aseguramiento y se remiti√≥ espec√≠ficamente a tres par√°grafos de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia con Radicaci√≥n 47850 del 24 de junio de 2017, que refieren a la pretensi√≥n de Murcia M√©ndez; La sentencia indica que ‚ÄúEn caso contrario, si no se logran dichos prop√≥sitos y la convicci√≥n sobre las circunstancias f√°cticas permanece razonablemente inalterable no proceder√° la revocatoria, en tanto la nueva informaci√≥n carece de la aptitud y suficiencia para desdibujar las deducciones que edificaron la restricci√≥n de la libertad‚ÄĚ, con lo que la procuradur√≠a sustenta su tesis de no revocar la medida.

El Juez Primero Penal de Circuito de Garzón no debió apartarse de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia

El Procurador delegado manifestó en la audiencia, que el togado, en la decisión de sustitución de medida de aseguramiento intramural por domiciliaria para las acusadas Waldina Losada y Bertilda Ramírez, no debió apartarse de la línea jurisprudencial teniendo en cuenta que la fiscalía ha presentado todos los argumentos facticos y jurídicos para no brindar este beneficio a las recluidos en la cárcel.

Seg√ļn el interviniente, el Juez en segunda instancia al tomar esta decisi√≥n, desafortunadamente hizo caso omiso o no se tom√≥ la molestia de leer la decisi√≥n de la Corte Suprema de Justicia, considerando que este juzgado de circuito est√° por encima del tribunal de cierre. La Corte ha trazado una l√≠nea jurisprudencial y el Juez no debi√≥ haberse saltado esta sentencia cuando decidi√≥ la segunda instancia respecto a las otras dos coprocesadas.

‚ÄúEsto fue un grupo que mancomunadamente se pusieron para suceder el uno al otro en la alcald√≠a, para evitar que la justicia y los organismos de control ll√°mese Contralor√≠a o Procuradur√≠a pudieran investigar que hab√≠a pasado en la administraci√≥n de la se√Īora Waldina. Necesitaba dejar al se√Īor Carlos ah√≠ en ese cargo, no para beneficio del municipio si no para beneficio de ellos.

‚ÄúDesafortunadamente el Juez dice que tambi√©n se pueden comunicar en la penitenciar√≠a por tel√©fono, es muy diferente que se puedan comunicar por tel√©fono a que sean restringidas las visitas. En una detenci√≥n domiciliaria no existe el r√©gimen de visitas para las personas que est√°n privadas de su libertad en su domicilio, porque no existe quien est√© controlando quien entra y qui√©n sale de la casa‚ÄĚ.

‚ÄúEste ministerio p√ļblico que actu√≥ en las audiencias concentradas, observ√≥ y estudi√≥ una interceptaci√≥n telef√≥nica en la cual la se√Īora Waldina, daba √≥rdenes a que no permitieran o que se ausentaran para que no entregaran ning√ļn elemento, y para que no fueran a permitir la intervenci√≥n de la justicia determinar otras situaciones m√°s complejas que estaban sucediendo en la Administraci√≥n Municipal del Agrado‚ÄĚ.

De esta manera que el hecho de estar en casa y gozando del beneficio de la detenci√≥n domiciliaria, le permitir√≠a a Carlos Alberto Murcia, Alcalde electo, la continuaci√≥n de la actividad pol√≠tica desde su casa, al no tener ning√ļn impedimento para recibir visitas y ejercer distintas acciones sin seguimiento u control; mientras que la medida detenci√≥n intramural es m√°s efectiva y no permite dichas acciones o pretensiones pol√≠ticas y de otros intereses.

DIARIO DEL HUILA

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