Hasta el momento la investigación académica no ha logrado demostrar la influencia de las encuestas electorales en la votación, pero los autores sostienen que no se puede tampoco negar que haya algún tipo de relación.
Esa idea y los cuestionamientos éticos a las firmas encuestadoras, por posible alteración de los resultados para beneficiar a ciertos candidatos o una falta de rigurosidad en la recolección de los datos, despertó el debate sobre regular a las compañías que realizan ese tipo de informes en el país.
Este martes 18 de agosto, los senadores Rodrigo Lara, de Cambio Radical, y Armando Benedetti, de La U, radicaron un proyecto para establecer una regulación a las encuestas electorales con el fin de garantizar la autonomía de los votos para la elección política de cargos públicos.
«En los últimos años ha existido una verdadera indignación por la imprecisión de los instrumentos estadísticos utilizados para conocer las preferencias políticas del electorado. Esto ha sembrado sospechas sobre la transparencia y fiabilidad de estos estudios en los que se basan muchas personas a la hora de decidir su voto. Por eso tenemos el imperativo de garantizar la calidad de la información, que muchos ciudadanos utilizan para tomar sus decisiones políticas», señaló el senador Rodrigo Lara.
Al principio, los dos senadores habían planteado el proyecto, pero decidieron unirlos para presentar una sola iniciativa legislativa. En el documento definieron tres tipos de resultados estadísticos de opinión, el sondeo, la encuesta y la gran encuesta.
Según el senador Rodrígo Lara, estos quedarían definidos así:
Sondeo: investigación de carácter no científico que busca conocer la opinión del voto.
Encuesta: investigación, estudio o similar de carácter científico, destinado a dar un resultado cuantitativo de carácter estadístico.
Gran Encuesta: es el pulso o termómetro que pretende dar un resultado nacional de la intención de voto electoral de un departamento o un municipio.
Esta última será la que tendrá la mayor regulación para poder ser divulgada. “Debe tener un margen de error de máximo 2% y un nivel de confianza de mínimo 95%, para ser encuesta y debe tener muestras en los municipios de más de 800.000 habitantes”, afirmó el senador Lara.
Agregó que a parte de la ficha técnica que contará con la información geográfica de donde se tomó la muestra, más los márgenes de error y confianza, las encuestas electorales deben comunicar cuáles fueron las fuentes de financiación, es decir quién encargó la realización de la metodología para conocer sus conflictos de interés.
El proyecto también crea la Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas, como un órgano técnico que será el garante de las buenas prácticas en el uso de estos instrumentos. Tendrá como responsabilidad principal la evaluación de los requisitos técnicos mínimos que debe cumplir una encuesta o un sondeo político.
Lara indicó que esa comisión contará con un miembro del Gobierno Nacional, uno por la Registraduría Nacional, otro por el Consejo Nacional Electoral, un miembro de los partidos de oposición, tres miembros nombrados por los decanos de universidades con programas en estadística y dos miembros de los medios de comunicación nacional.
Estos serán los encargados de evaluar las encuestas para su posterior publicación. Así mismo, en caso de que no cumpla con los requisitos de la encuesta definidos en la presente ley, deberá comunicar qué se trata de un sondeo sin intención científica o rigurosidad estadística.
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